Madrid, enero de 2026.
La Asociación de Personas con Acondroplasia y otras Displasias Esqueléticas de España compareció ante la Comisión de Políticas Integrales de la Discapacidad de la Federación Española de Municipios y Provincias para trasladar la posición de la entidad en relación con la aplicación del marco jurídico vigente y la necesidad de avanzar con criterios claros, homogéneos y estables en el ámbito local.
Durante su intervención, la presidenta de ADEE, Carolina Puente, subrayó que el papel de las entidades locales es clave para que la normativa se traduzca en cambios reales en la vida de las personas. “Gran parte de las decisiones que afectan a nuestro día a día se toman en el ámbito municipal, por eso es fundamental que exista claridad y seguridad jurídica”, señaló.
Aplicación del marco jurídico y seguridad jurídica
En relación con los espectáculos denigrantes, ADEE dejó claro que su comparecencia no tenía como objetivo abrir un debate ya superado, sino insistir en la necesidad de cumplir y aplicar de manera coherente el marco jurídico existente. La normativa vigente establece límites claros para evitar prácticas que vulneran la dignidad de las personas con discapacidad, pero su efectividad depende de una aplicación homogénea en todo el territorio.
“La vida de las personas con acondroplasia ya es suficientemente compleja como para añadir humillaciones evitables”, afirmó Puente. “Hablamos de personas que conviven con dolor crónico, con múltiples intervenciones médicas y con barreras constantes que condicionan su autonomía”.
Desde ADEE se advirtió de que el desplazamiento de estas prácticas a entornos privados o recreativos no elimina su impacto social. “Aunque no sea visible, el daño sigue existiendo porque se mantiene una imagen social que después tiene consecuencias en la escuela, en el empleo o en el uso del espacio público”, explicó la presidenta de la entidad.
ADEE insistió en que las administraciones necesitan seguridad jurídica y criterios claros de actuación. “No se trata de convencer de nada”, remarcó Puente. “Existe un marco jurídico claro que debe cumplirse, y contar con referencias comunes facilita el trabajo de las administraciones y protege a las personas”.
Referencias compartidas para la actuación pública
Durante la comparecencia, ADEE recordó los criterios y referencias ya trasladados previamente a las administraciones locales, elaborados desde un enfoque de derechos y en coherencia con el movimiento asociativo de la discapacidad, con el objetivo de facilitar la toma de decisiones y ofrecer un marco claro para la actuación pública.
“Cuando no hay criterios claros, se generan dudas y desigualdades”, señaló Puente. “Y cuando eso ocurre, quienes salen perdiendo son las personas, pero también las propias administraciones, que necesitan seguridad y respaldo normativo”.
Desde ADEE se subrayó que estas referencias no buscan crear nuevas obligaciones, sino acompañar a las administraciones en el cumplimiento del marco legal, aportando claridad, coherencia y herramientas prácticas para la gestión cotidiana.
Cooperación institucional y recursos en los territorios
ADEE destacó que, como entidad miembro de COCEMFE, pone a disposición de las administraciones públicas los programas y recursos que ya se desarrollan en los territorios, conscientes de que solo a través de entidades con implantación territorial y trabajo directo se pueden lograr mejoras reales en la calidad de vida de las personas.
“Las entidades estamos en el territorio y conocemos la realidad”, explicó la presidenta de ADEE. “Tenemos programas, experiencia y contacto directo con las personas, y eso es lo que ponemos a disposición de la administración para trabajar de manera coordinada”.
Puente insistió en que este modelo de cooperación permite evitar duplicidades y debates innecesarios. “Ir de la mano de la administración no es renunciar a nada, es sumar capacidades para que la ley se aplique y llegue a la vida real”.
Accesibilidad y vida cotidiana
Durante su comparecencia, ADEE puso también el foco en una concepción amplia de la accesibilidad, vinculada a la autonomía personal y a la vida independiente. “La accesibilidad no es solo una rampa”, recordó Puente. “Tiene que ver con poder utilizar un ascensor, pagar de forma autónoma o acceder a un servicio público sin depender constantemente de otra persona”.
Estas situaciones, aparentemente cotidianas, condicionan de manera directa la dignidad, la participación social y la calidad de vida, y dependen en gran medida de decisiones adoptadas en el ámbito local.
Disposición al diálogo y al trabajo conjunto
ADEE valoró positivamente el espacio de diálogo abierto en la Comisión de Políticas Integrales de la Discapacidad de la FEMP y reiteró su disposición a seguir colaborando con las entidades locales desde la cooperación y la corresponsabilidad.
“El marco jurídico existe y es claro”, concluyó Carolina Puente. “Ahora el reto es cumplirlo y aplicarlo con responsabilidad pública y con criterios homogéneos, para que las personas con acondroplasia y otras displasias esqueléticas puedan vivir con dignidad y sin barreras innecesarias”.