La Constitución Española de 1978, comprometida con la dignidad y el desarrollo pleno de la personalidad, ha protagonizado un momento histórico al adaptarse a los tiempos actuales. La reciente aprobación de la reforma al artículo 49 refleja un avance sustancial en la protección de los derechos de las personas con discapacidad.

En consonancia con la evolución de los derechos a nivel internacional, la protección de las personas con discapacidad en España ha experimentado una transformación notable. Desde la ratificación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en 2007, la legislación nacional se ha ajustado para cumplir con estándares internacionales, con leyes emblemáticas como la Ley 26/2011 y el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social.

La sociedad civil ha sido una fuerza impulsora clave en este proceso, destacando la necesidad de actualizar el artículo 49 a la realidad social y normativa internacional. Reformas legislativas recientes, como la Ley Orgánica 2/2018 y la Ley 8/2021, han fortalecido el respaldo a las personas con discapacidad en diversos ámbitos.

La aprobación de la reforma constitucional subraya el compromiso fundacional con los derechos y libertades de las personas con discapacidad. El nuevo texto establece que estas personas ejercen sus derechos en condiciones de libertad e igualdad reales y efectivas, con la debida regulación legal para su protección especial. Además, destaca el impulso de políticas para garantizar la plena autonomía personal e inclusión social, con especial atención a las necesidades de mujeres y menores con discapacidad.

La presidenta de ADEE España, Carolina Puente, resalta la eliminación del término “disminuido” y la inclusión explícita de mujeres y menores en la reforma. Puente afirma: “Es un gran avance que las mujeres con discapacidad salgan explícitamente mencionadas. Nos coloca en el epicentro de la atención, reconociendo y abordando de manera directa las desigualdades que enfrentan las mujeres y niñas en este colectivo”.

Jennifer, una niña con displasía esquelética y amiga de ADEE España, cuya madre también vive con la misma discapacidad, comparte con alegría su entusiasmo por la perspectiva de un futuro más inclusivo: “Estoy muy feliz al saber que las niñas como yo ahora también somos reconocidas en la Constitución. Creo que todas deberíamos tener las mismas oportunidades para alcanzar nuestros sueños”.

Este logro no solo refuerza la posición de España en la protección de los derechos de las personas con discapacidad, sino que también destaca el papel esencial del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) en el proceso. La colaboración entre organizaciones de la sociedad civil y los poderes públicos ha sido clave para la promulgación de leyes que reflejen las necesidades reales del colectivo.

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